La intendente Daniela Salzotto, respondió las acusaciones impulsadas por integrantes del Tribunal de Cuentas y negó irregularidades en las contrataciones realizadas con un comercio vinculado a una funcionaria municipal. La jefa comunal aseguró que “todo fue aprobado por el propio Tribunal” y calificó la denuncia como “una opereta política para desgastar la gestión”.
Tras la denuncia penal impulsada por el Tribunal de Cuentas de Catriel y las declaraciones realizadas por el integrante del organismo, Franco Rivero, en FM Alas, la intendente Daniela Salzotto salió al cruce de las acusaciones y defendió el accionar administrativo del Ejecutivo Municipal.
La mandataria aseguró que hasta el momento no fue formalmente notificada por la Fiscalía, aunque confirmó que tomó conocimiento de la presentación judicial a través de las redes sociales y los medios de comunicación.
“Me preocupé y me ocupé en buscar toda la documentación correspondiente. A quién le debo respeto es a los vecinos de Catriel”, sostuvo Salzotto, quien además cuestionó duramente la exposición pública realizada por miembros del Tribunal.
La intendenta negó categóricamente la existencia de irregularidades y explicó que el proveedor mencionado en la denuncia, César Walter Martínez, cumplió con todos los requisitos exigidos por el Municipio para ser habilitado como proveedor oficial.
“El señor Martínez tiene todo en regla desde el año 2025. Hay resoluciones, documentación y procedimientos administrativos cumplidos”, afirmó.
Además, Salzotto aseguró que la factura cuestionada —correspondiente a compras para la Fiesta del Petróleo— fue finalmente aprobada por el propio Tribunal de Cuentas, contradiciendo los dichos de Rivero.
“La factura era de 1.310.000 pesos y el Tribunal terminó conformándola. Entonces no pueden después salir a denunciar públicamente algo que ellos mismos aprobaron”, expresó.
Durante la entrevista, la jefa comunal apuntó directamente contra el funcionamiento del organismo de control y cuestionó el nivel de asistencia laboral de sus integrantes.
“El Tribunal no trabaja. La asistencia para ejercer el supuesto control económico es, con suerte, del 30%”, disparó.
También aseguró que el Municipio destina importantes recursos al funcionamiento del organismo y remarcó que, entre salarios y asesorías, el Tribunal de Cuentas demandó más de 336 millones de pesos en los últimos 28 meses de gestión.
“Estamos pagando millones para que hagan denuncias políticas y ensucien la imagen de la gestión”, sostuvo.
En otro tramo, Salzotto consideró que existe una persecución política detrás de las acusaciones y afirmó que muchos trabajadores y proveedores municipales poseen algún tipo de vínculo familiar o social con empleados públicos debido a la realidad propia de la ciudad.
“La mayoría de los trabajadores municipales tienen familiares dentro del Estado y muchos proveedores tienen vínculos con funcionarios o empleados. Que investiguen todo lo que quieran, no tengo nada que ocultar”, afirmó.
La intendenta también cuestionó el pedido de contratación de asesores realizado por el Tribunal y reveló que uno de los abogados sugeridos sería hermano de un integrante del propio organismo de control.
“Eso también sería tráfico de influencias según el criterio que ellos utilizan”, señaló.
Respecto al sistema de contrataciones directas, Salzotto explicó que la normativa vigente permite compras sin concurso hasta un monto cercano a los 2,4 millones de pesos y sostuvo que las decisiones se toman considerando tiempos de entrega, disponibilidad y situación económica de los proveedores.
“Hay proveedores que hoy no pueden esperar los tiempos de pago del Municipio. Hay muchas variables que se analizan”, argumentó.
Finalmente, la jefa comunal aseguró estar “totalmente tranquila” frente al avance de la denuncia y reafirmó que continuará acompañando a proveedores y vecinos en un contexto económico complejo.
“Investiguen todo lo que quieran. Yo sé para qué fui elegida y voy a seguir trabajando para Catriel”, concluyó la intendenta.
