La empresa Refipampa pidió que el Gobierno Provincial active el protocolo anti piquetes en el corte que lleva adelante un grupo de desocupados en 25 de Mayo.

En un escrito enviado a los medios, la firma remarcó su preocupación «por las pérdidas que significa el parate en el sector productivo», y por «el riesgo que implica que no puedan pasar las guardias mínimas y los servicios de emergencia».

El corte de los accesos a Refipampa y a otras petroleras que operan en la región es llevado adelante un grupo de 12 personas del Movimiento de Desocupados de Colonia 25 de Mayo.

«El bloqueo, que afecta tanto el tránsito vehicular como peatonal, ha imposibilitado el ingreso y egreso de personal y suministros a las instalaciones de RefiPampa», destacó la empresa.

Y agregó: «la situación es aún más grave porque, en este contexto, también se está impidiendo el paso de vehículos de emergencia, y el recambio de personal para garantizar un esquema de guardias mínimas, lo que pone en riesgo la seguridad operativa de las instalaciones».

Desde la firma también resaltaron que «la seguridad operativa es nuestra prioridad. Actualmente, no están dadas las condiciones para establecer las guardias mínimas necesarias que garanticen el funcionamiento sin accidentes».

«Un corte de acceso de esta magnitud no solo afecta la producción, sino que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la comunidad en general», afirma la empresa

La protesta, impulsada por un grupo de desocupados que reclaman mayores oportunidades laborales, logró paralizar una de las zonas más productivas de la provincia.

Sin embargo, para las operadoras de la región, la falta de acceso a las instalaciones también «pone en peligro la integridad de las personas».

“RefiPampa”, al igual que otras operadoras del yacimiento “Medanito”, se vio obligada a interrumpir parte de sus actividades, «lo que impacta tanto en la producción como en la economía local», señalaron.

Las autoridades y la empresa insisten en que la protesta debe llevarse a cabo dentro de los márgenes legales, ya que «el corte de acceso afecta a miles de personas y pone en riesgo el bienestar de toda la comunidad».