Peritos de la Corte Suprema de Justicia actualizaron hoy el monto que deberán devolver todos los condenados del caso Vialidad en forma solidaria -entre todos-. La cifra de $85 mil millones que se había determinado en la sentencia del tribunal oral de diciembre de 2022, fue actualizada ahora a $684.990.350.139,86 (unos 537 millones de dólares al cambio actual).
Se trata del monto del dinero a decomisar a los condenados por la maniobra de defraudación al estado. La cifra del informe deberá ser ahora evaluada por los miembros del Tribunal Oral 2 (TOF 2), que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner y al resto de los implicados, en un fallo confirmado por la Cámara de Casación Penal y por la Corte Suprema, que dejó firme esa sentencia al rechazar las apelaciones.
Entre los condenados del caso Vialidad se encuentra la ex mandataria, quien cumple con la pena de seis años que le impusieron en su domicilio de la calle San José. También fueron condenadas otras ocho personas por el histórico caso de corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
Entre todos ellos deberán pagar los 684 mil millones de pesos. Para eso el tribunal oral les dará 10 días. Es una decisión entre los nueve condenados cómo se dividen la manera de pagar. En caso que no lo hagan se rematarán los bienes que están a su nombre. En el caso de Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa, tienen sus bienes embargados en otras causas.
Cristina y su socio Lázaro Báez en el Mausoleo de Néstor Kirchner
En diciembre de 2022, el TOF 2 condenó a la expresidenta y a los restantes imputados por un esquema de corrupción estructural a través de la adjudicación irregular de 51 contratos de obra pública vial a Báez en la provincia de Santa Cruz. Según la sentencia, Báez recibió el 86% de esas obras durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner
Los peritos, con participación de profesionales del Ministerio Público Fiscal, utilizaron como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, de acuerdo con las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Este método fue aplicado para actualizar la cifra estimada del perjuicio económico provocado por sobreprecios —calculados en un 64%—, cartelización de procesos licitatorios, pagos por obras no realizadas y precios injustificados.
“Se tomará el último índice de precios al consumidor publicado por el INDEC al 26/6/2025 (mayo de 2025) y al 6/12/2022 (noviembre de 2022)”, explicaron los peritos. Y así resolvieron: “En suma, el importe actualizado requerido, de acuerdo con los parámetros y metodología descriptos ut-supra, asciende a $ 684.990.350.139,86, es decir el quantum de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones, trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos”.
Por su parte, el perito de parte de la ex presidenta Cristina Kirchner presentó su propio dictamen en disidencia respecto del oficial. Y a su vez, los peritos del Ministerio Público Fiscal hicieron cuatro cálculos de actualización en base a distintos parámetros. El resultado va de los 684 mil millones -como los especialistas de la Corte Suprema- a otros de 230 mil millones hasta los 723 mil millones.
José López – Ex Secretario de Obras Públicas
Una maquinaria de corrupción
En el fallo de segunda instancia, se determinó que “se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional. El mismo señala que Cristina Kirchner encabezó un esquema sistemático de desvío de fondos públicos, priorizando intereses particulares por sobre los del Estado.
El beneficio económico obtenido por los involucrados fue calificado como “financiero, incuantificable y absolutamente contrario al interés público”.
Los otros ocho condenados en la causa Vialidad son: Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
¿Qué pasa si no pagan?
Luego de que el Tribunal, presidido por el juez Jorge Gorini, analice el informe pericial y determine los montos en cada caso, se intimará a los condenados a depositar la cifra correspondiente en un plazo de diez días. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de bienes embargados. Para ello, ya se avanza en la actualización de los embargos dictados durante la instrucción de la causa, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, acciones de empresas y vehículos.
El fiscal Diego Luciani, que intervino en el caso, subrayó que la ejecución del decomiso es de “particular relevancia”, dado el “daño social inconmensurable y sin precedentes” causado por la maniobra defraudatoria. Además, elevó un informe detallado de 40 páginas con los bienes detectados bajo titularidad de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez, entre otros.
En el caso de la ex vicepresidenta, se solicitó que se mantenga el embargo sobre fondos en una caja de seguridad y cuentas bancarias, además de los 25 inmuebles cedidos a sus hijos en 2016 y el valor actualizado de las acciones de Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y COMA S.A.
Báez, por su parte, posee más de 130 propiedades, la mayoría en Santa Cruz, además del paquete accionario de constructoras como Austral Construcciones.
Hotel Alto Calafate – Emblema de la corrupción
El posible destino de los bienes
De acuerdo con la Ley 23.853 y una acordada de la Corte Suprema, el dinero decomisado pasará a formar parte del presupuesto del Poder Judicial. No obstante, los fiscales Luciani y Sergio Mola insistieron durante el proceso en que se le dé un destino social: “Debe resarcirse de manera integral el grave daño ocasionado por la defraudación colosal que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y un particular llevaron a cabo en perjuicio del Estado”.
En ese sentido, sugirieron que los fondos sean utilizados para cubrir necesidades sanitarias, educativas, de infraestructura o vivienda, con el objetivo de “compensar e intentar reparar el grave desequilibrio ocasionado por los delitos”.
El próximo paso será el inicio del proceso de ejecución, con la intimación a los condenados para el pago del monto o el embargo de sus bienes. La causa Vialidad fue el primer juicio oral contra Cristina Kirchner en llegar a una condena, pero no será el último: próximamente enfrentará otros procesos como la causa llamada “Los cuadernos de las coimas” o las investigaciones por las maniobras de lavado de dinero a través de Hotesur y Los Sauces.
