Mientras la provincia de Buenos Aires avanza, como si no existiera resistencia, con su idea de pasarle parte del caudal del río Negro al Colorado para mejorar las condiciones hídricas en el departamento Patagones, en Mendoza otra obra sostiene un conflicto latente: la presa Portezuelo del Viento, que impulsa el gobierno de Rodolfo Suárez con financiamiento nacional.
El río Grande se une con el Barrancas para crear el Colorado. El segundo y el tercero conforman el límite entre Mendoza y Neuquén.
Portezuelo del Viento es un proyecto de presa diseñado para el curso del río Grande, que corre exclusivamente por territorio mendocino, aunque el manejo de la cuenca depende del Coirco, un ente interjurisdiccional que integran la Nación y las cinco provincias por donde pasa el Colorado.
La obra mendocina era mucho más ambiciosa porque incluía el trasvase de agua del río Grande al Atuel, pero por ahora de eso no se habla.
Si Mendoza regulara el caudal del río Grande afectaría el Colorado en general. Por eso, la provincia de La Pampa formalizó una protesta e reclamó un estudio de impacto ambiental de la obra en toda la cuenca, y el asunto quedó en manos de un laudo que debe definir el presidente de la Nación.
Pero como Alberto Fernández no define, Suárez fue la semana pasada a la Corte Suprema con un amparo por mora.
Pero tampoco Río Negro está de acuerdo con la obra, según confirmó a Río Negro el superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti.
En cambio, el subsecretario de Recursos Hídricos de Neuquén, Horacio Carvalho, optó por el silencio porque -dijo un mensajero- no está autorizado para hablar.
Mendoza y La Pampa mantienen varios litigios por el agua, tanto del Colorado como del Atuel, que llega casi sin caudal a territorio pampeano.
La Pampa pidió un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del Colorado antes de que se autorice la obra, algo que el Coirco (que reúne a las cinco provincias que comparten el río) acompañó por mayoría.
Mendoza reclamó entonces el laudo del presidente Alberto Fernández contra esa determinación del Coirco en junio de 2020 y hasta ahora no tuvo respuestas; de ahí que fuera con un amparo en la Corte Suprema, cuya competencia es originaria en los litigios entre las provincias y entre las provincias y la Nación.
“Se hace imprescindible que la administración dicte, de manera expedita, el acto administrativo solicitado ya que es un derecho que le compete a mi mandante establecido por ley”, le pidió el gobernador mendocino a la Corte.
Fuente: (Río Negro)
