Un empleado municipal fue condenado hoy a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por un caso de violencia de género. En la causa se probó que golpeó, arrastró de los pelos y quemó con un cigarrillo a una adolescente de 17 años.
La condena contra este empleado de 26 años, fue dictada por la jueza de control de 25 de Mayo, Daniela Johana Martínez, al homologar un acuerdo de juicio abreviado presentado por la fiscal de esa localidad, Eugenia Paola Bolzán, la defensora oficial Nydia Beatriz Conde y el propio imputado, quien admitió su responsabilidad en los hechos. La madre de la víctima, al ser informada sobre el acuerdo, no dio su consentimiento.
Los hechos fueron enmarcados en las leyes 26.485 y 26.061 de Protección Integral contras las Mujeres y Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, respectivamente. A su vez, al acusado se le mantuvo la condición de reincidente y se ordenó que continúe en prisión preventiva.
La pena impuesta fue por ser autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en dos oportunidades; habiéndose demostrado que en la última Nochebuena, discutió con una joven, diciéndole que “estaba con alguien” y seguidamente “empezó a agredirla físicamente, la arrastró del pelo por el piso y le quemó una pierna con un cigarrillo”.
Seis días más tarde, el acusado volvió a pegarle e insultarla, “la tomó del cuello y la levantó contra la pared” y cuando la víctima intentó huir, “le apretó la mano con una puerta”.
Un médico certificó que la adolescente de 17 años sufrió escoriaciones en la cara, el cuello y el codo derecho, hematomas en el rostro y en ambas pantorrillas, edemas en ambos brazos y quemaduras.
Antecedentes.
El empleado ya tenía antecedentes registrables. En 2019 fue condenado a una pena unificada de dos años de prisión efectiva –para ello se le revocó una pena que tenía de ejecución condicional– por los delitos de daño simple, violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo (en perjuicio de otra adolescente de 17 años), hurto agravado en grado de tentativa y resistencia a la autoridad; y en 2021 fue condenado a un año y seis meses de cumplimiento efectivo por lesiones leves agravadas por el vínculo.
La jueza escribió un párrafo final sobre la negativa de la progenitora de la adolescente al acuerdo de juicio abreviado. “Ella refirió que su hija fue escuchada mediante el dispositivo de Cámara Gesell, pero por las circunstancias personales, manifestó su disconformidad con los términos del acuerdo que le fueron explicados. Más allá de que su negativa no resulta vinculante para el juez (artículo 366 del Código Procesal Penal de La Pampa), por sus manifestaciones puedo concluir que sus intereses estuvieron contenidos en el acuerdo, no se alejaron odiosamente de ellos y no se afectaron los derechos de la adolescente víctima, quien fuera debidamente oída durante la tramitación de la investigación”. (La Arena)
